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Legislació lingüística

Levante, 07.07.2006 dv.

Una sentencia dice que hablar valenciano en un juicio no es lógico y genera costes

Acció Cultural lamenta que el Consell no invierta en recursos que garanticen el uso de la lengua

Levante-EMV, Valencia

La asociación Acció Cultural del País Valencià calificó ayer de «inadmisible» el contenido de una sentencia de la audiencia provincial de Valencia de 7 de junio (234/2006), cuyos términos son «incompatibles con el régimen de oficialidad lingüística del catalán» en la Comunitat.

En la citada sentencia, los magistrados Vicente Urios, Carmen Ferrer y José Fandos, señalan que, dado que el querellado y el abogado defensor venían de Madrid, «no es lógico ni conveniente que un ciudadano se exprese en valenciano para denunciar su derecho en un proceso judicial, porque supone una dificultad añadida, una pérdida de tiempo y un mayor coste», denuncia Acció Cultural.

Las palabras en cuestión se encuentran en los fundamentos jurídicos, cuando los magistrados hacen referencia a que el querellante, durante la vista oral, se dirigió a la sala en valenciano, «sabiendo que a la persona a la que acusa y su letrado vienen de Madrid y no conocen la lengua valenciana». Y continúa la sentencia: «El querellante se expresa en valenciano, conociendo el castellano, como demuestra que después de cada frase traducida por la intérprete diga «correcte». En el texto, los magistrados reconocen que el demandante está «en su derecho de hablar en valenciano», aunque luego señale que «no es lógico».

El contenido de la sentencia ha provocado las críticas de Acció Cultural, sobre todo por el hecho de que los magistrados «sospechen que esa persona no quiere defender sus derechos por el hecho de emplear su lengua, sino molestar, creando dificultades y costes añadidos», observan.

Para la asociación, la actual situación lingüística de la Comunitat genera que el uso del valenciano siga considerándose no «como un derecho, sino un capricho». «El uso del valenciano contribuye a generar en los magistrados una imagen negativa con lo que puede influir en su decisión final», opina.

Asimismo, lamenta que se atribuyan a los ciudadanos los retrasos y costes, cuando existen precisamente, porque «la Administración valenciana no destina recursos a que se respeten los derechos lingüísticos de los ciudadanos».

Un tribunal critica la traducción al valenciano en un juicio por su coste

EL PAÍS - 07-07-2006

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) denunció ayer una sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia que considera "que no es lógico ni conveniente que un ciudadano se exprese en valenciano para defender sus derechos en un proceso judicial" porque supone, y así lo dice el tribunal, "una innecesaria dificultad añadida", además de una "pérdida de tiempo" y un "mayor coste".

El fallo cuestiona el interés del querellante en defender sus propios intereses en el juicio por el hecho de que el afectado no lo entendiera.

"Cuando una persona quiere defender su derecho, se esfuerza lo necesario para hacerse comprender por su interlocutor", dice la parte del fallo judicial reproducida en el comunicado. El tribunal reprocha al querellante que "sabiendo que la persona a la que acusa y su letrado vienen de Madrid y desconocen la lengua valenciana, se expresa" en su lengua autóctona. A pesar de que entiende el castellano, "como demuestra que después de cada frase traducida por la intérprete diga «correcte»", añade el tribunal, que remata: "Ciertamente está en su derecho a hablar en valenciano, pero no parece que sea lo más lógico ni conveniente para defender su derecho en este caso, por la innecesaria dificultad añadida, por la pérdida de tiempo y el mayor coste que ello supone".

ACPV critica que el valenciano "se sigue considerando no un derecho, sino un capricho", y su uso contribuye a generar en el tribunal "una imagen negativa de la persona" afectada que "puede influir" en el fallo.

El querellante perdió el pleito. APCV considera los comentarios "inadmisibles y absolutamente incompatibles" con el hecho de que el valenciano es lengua oficial, por lo que insta a Justicia a que actúe para garantizar el respeto a los derechos lingüísticos.